La Oficina del Fiscal General de Nueva Jersey presentó el martes 17 una demanda en un tribunal federal contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Alega que el DHS lleva meses sin responder a una citación emitida para investigar el trato a los detenidos en Delaney Hall, el centro de detención de inmigrantes de Newark. El estado pidió al tribunal que fije un plazo para que el DHS comunique su decisión.

Según un comunicado de la Oficina del Fiscal General de Nueva Jersey divulgado el martes 17, la fiscal general Jennifer Davenport y la División de Derechos Civiles (Division on Civil Rights) demandaron ese día al DHS ante un tribunal federal. Sostienen que el DHS lleva meses sin responder a la citación enviada para investigar el trato a los detenidos en Delaney Hall, el centro de detención de inmigrantes ubicado en Newark. Delaney Hall es propiedad de la empresa privada The GEO Group, Inc. (GEO Group), que además lo opera.

El 7 de agosto, el estado comenzó a investigar posibles violaciones de los derechos civiles y constitucionales de los detenidos, con base en la ley de derechos civiles de Nueva Jersey y la Ley contra la Discriminación (New Jersey Law Against Discrimination). La investigación se inició después de que al menos tres personas murieran en el centro bajo la custodia de GEO Group. En agosto, la División de Derechos Civiles envió a GEO Group una citación en la que exigía registros sobre la atención médica a los detenidos. GEO Group afirmó que, según las normas internas del DHS, solo podía responder con autorización del Departamento, y dijo haber remitido la citación al asesor jurídico principal del DHS.

El estado considera errado que una empresa privada necesite la autorización del DHS para responder a una citación sobre una instalación suya situada dentro de las fronteras estatales. Aun así, para obtener la información por otra vía, consultó directamente al DHS, pero afirma que no recibió respuesta pese a varias solicitudes durante más de tres meses. El DHS no autorizó la entrega de los documentos ni indicó si lo haría. En la demanda, el estado pide que se declare que esa demora viola la Ley de Procedimiento Administrativo (Administrative Procedure Act) y que el tribunal fije un plazo para que el DHS comunique su decisión.

La Oficina del Fiscal General indicó que la investigación recibió denuncias de exámenes médicos deficientes al ingresar, falta de medicamentos para enfermedades crónicas, respuesta inadecuada ante emergencias y falta de protección frente a daños físicos y sexuales. También se denunciaron la negativa a ofrecer adaptaciones para personas con discapacidad y la negativa sistemática a prestar servicios de interpretación. Según la oficina, los informes reunidos hasta ahora indican un riesgo considerable de más daños a los detenidos, incluidos nuevas muertes y enfermedades. Además, está en curso otra demanda por la negativa de GEO Group a permitir una inspección de salud de todo el centro.

Yolanda N. Melville, directora de la División de Derechos Civiles, afirmó que las personas recluidas en centros de detención no renuncian a su derecho a recibir atención médica adecuada ni a estar protegidas de la violencia. Añadió que personas que estuvieron detenidas en Delaney Hall y familiares de quienes murieron ofrecieron testimonios muy preocupantes. El comunicado no incluye la respuesta del DHS ni de GEO Group.