El Concejo Municipal de Nueva York presentó el 17 de septiembre ante el tribunal su respuesta a la demanda interpuesta por el alcalde Zohran Mamdani. La Oficina del Alcalde y el Concejo se enfrentan por la Ley Local 129, que establece un pago de estabilización laboral de hasta $10,000 para los asistentes docentes. El Concejo pidió que se desestime la demanda o que se declare válida la ordenanza.
El Concejo Municipal de Nueva York presentó el 17 de septiembre ante el tribunal una respuesta legal a la demanda interpuesta por el alcalde Zohran Mamdani. El punto central es la Ley Local 129 de 2026, que dispone un pago de estabilización laboral de hasta $10,000 para los asistentes docentes (paraprofessionals) de las escuelas públicas. El Concejo pidió que el tribunal no admita a trámite la demanda del alcalde o que declare que la ordenanza es válida y no contradice la Ley Taylor del estado.
La Ley Local 129, presentada por la concejal Carmen De La Rosa, fue aprobada por unanimidad por el Concejo el 17 de julio. Establece que el pago se calcule de forma proporcional a los días trabajados por los asistentes docentes elegibles durante el año escolar 2026-27 y que se abone en cuatro cuotas. El Departamento de Educación de la ciudad (DOE) es el encargado de realizar los pagos.
El Concejo sostuvo que la escasez de asistentes docentes es un problema de larga data. Según argumentó, en marzo de 2026 había más de 1,000 plazas vacantes, y los casos en que estudiantes con discapacidad no reciben los servicios garantizados por ley se han seguido repitiendo, de modo que la ciudad destinó recientemente $1,500 millones a costos de procesos de debido proceso relacionados con esos casos. El presidente del sindicato de docentes (UFT), Michael Mulgrew, indicó que una encuesta realizada en las escuelas al inicio del nuevo año escolar detectó miles de vacantes de asistentes docentes, y que los puestos se dejan sin cubrir o los ocupan docentes suplentes por turnos.
La Oficina del Alcalde sostiene que, según la Ley Taylor, que regula las relaciones laborales de los empleados públicos, las condiciones de trabajo deben fijarse mediante negociación colectiva por parte del Poder Ejecutivo, por lo que el Concejo no puede establecer el pago mediante una ordenanza. En su respuesta, el Concejo replicó que las disposiciones de definiciones de la Ley Taylor no establecen una facultad exclusiva del Ejecutivo, y que esta ordenanza es una legislación de alcance limitado que prevé un pago temporal y mantiene el proceso de negociación colectiva. La presidenta del Concejo, Julie Menin, afirmó que defenderá hasta el final una ley aprobada por unanimidad.
En la ciudad hay más de 25,000 asistentes docentes. La concejal De La Rosa dijo que, mientras la negociación colectiva aún no ha dado una solución, otorgar un pago único es un avance realista. Hasta que el tribunal emita su decisión, no está confirmado si se pagará el incentivo.