La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y la fiscal general del estado, Letitia James, notificaron el viernes 6 a los administradores y alguaciles de los condados que deben terminar, a más tardar el 25 de noviembre, los contratos para alojar a personas con presuntas infracciones migratorias civiles federales. La medida se basa en la ley "Local Cops, Local Crimes", firmada en mayo pasado.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y la fiscal general del estado, Letitia James, informaron el viernes 6 que enviaron una carta a los administradores y alguaciles de los condados de todo el estado para notificarles que deben poner fin, a más tardar el miércoles 25 de noviembre, a todos los contratos para alojar en cárceles locales a personas con infracciones migratorias civiles en nombre de las autoridades federales de inmigración. La carta, enviada por la Office of Immigrant Trust (OIT) de la Fiscalía General, explica las obligaciones legales y cómo cumplirlas.
El fundamento es la ley "Local Cops, Local Crimes", firmada el 27 de mayo. La norma prohíbe a los gobiernos locales y a las agencias del orden público no solo celebrar, modificar, renovar o prorrogar contratos o acuerdos formales o informales para alojar a personas por infracciones migratorias civiles federales, sino también mantener los acuerdos existentes. Las entidades deben terminar los contratos, mediante las cláusulas de rescisión, a más tardar el 25 de noviembre, tres meses después de la entrada en vigor de la ley; a partir de entonces, esos acuerdos serán nulos conforme a la ley estatal y carecerán de efecto.
Qué se permite y qué se prohíbe
Si un mismo contrato mezcla el alojamiento por motivos penales y por motivos migratorios civiles, solo debe terminarse la parte relativa a las infracciones migratorias civiles. En cambio, los contratos para alojar a personas en espera de un proceso penal federal son posibles, siempre que no incluyan detenciones basadas únicamente en infracciones migratorias civiles federales. Tampoco se impide cumplir órdenes judiciales ni órdenes emitidas por un juez. La carta pide a cada condado que informe a la OIT de las medidas adoptadas para cumplir la ley o que confirme que no tiene contratos prohibidos.
La OIT tiene facultades para recibir quejas, investigar, emitir citaciones e interponer demandas civiles. Quienes consideren que agencias o empleados estatales o locales, contratistas, escuelas u otras entidades han violado las leyes estatales sobre control migratorio pueden presentar una queja en el sitio web de la Fiscalía General. Quienes presencien operativos federales de inmigración pueden reportarlos en ag.ny.gov/federal-actions-form.