La nueva norma federal de carga pública (public charge) entrará en vigor el 18 de septiembre. El 14 de septiembre, la ciudad de Nueva York, junto con otros cinco gobiernos locales, entre ellos Chicago, San Francisco y Seattle, presentó una demanda ante el Tribunal Federal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York para que se anule la norma. Ese mismo día se presentó también una demanda separada encabezada por la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James.
La nueva norma federal de "carga pública" (public charge) entrará en vigor el 18 de septiembre. El 14 de septiembre, la ciudad de Nueva York presentó ante el Tribunal Federal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) una demanda para que se anule la norma, junto con la ciudad de Chicago, la ciudad y el condado de San Francisco, el condado de Santa Clara (California), la ciudad de Seattle, el condado de King (estado de Washington) y la organización jurídica sin fines de lucro Public Rights Project. Ese mismo día se presentó también una demanda separada encabezada por la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James.
La carga pública es una disposición que permite denegar la residencia permanente o una visa en un trámite migratorio si se considera que el solicitante probablemente dependerá de la ayuda del gobierno. La nueva norma amplía el rango de beneficios que pueden tomarse en cuenta en la evaluación a todos los programas basados en ingresos (means-tested). Los gobiernos locales que participan en la demanda sostienen que la norma carece de definiciones y límites claros, por lo que los criterios pueden variar según el funcionario evaluador y dar lugar a decisiones discriminatorias.
Steve Banks, asesor jurídico de la ciudad de Nueva York, afirmó que la nueva norma revierte más de 100 años de jurisprudencia y amplía la definición de carga pública de una manera que el Congreso no pretendía. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo que le preocupa el efecto disuasorio: que incluso personas a quienes la norma no se aplica eviten solicitar asistencia médica y alimentaria.
Asesoría legal migratoria gratuita
Fayza Ali, directora de la Oficina de Asuntos Migratorios de la ciudad (MOIA), dijo que los cambios en la norma están generando confusión e informó que cualquier persona, sin importar su estatus migratorio, puede recibir asesoría legal migratoria gratuita. Se puede llamar a la línea directa de apoyo legal para inmigrantes al 1-800-354-0365, o llamar al 311 y decir "Immigration Legal" para ser comunicado en el idioma que prefiera. Las llamadas son confidenciales.